UNIVERSIDAD DE ZACATECAS PAGA DEUDAS CON SU PATRIMONIO

24 Noviembre, 2016
11:32 pm

Todavía no inicia 2017 y el próximo año ya luce complicado para las universidades públicas estatales que buscarán operar pese a recortes presupuestales, deudas millonarias, sin la ayuda federal que recibían desde hace 14 años para sanear sus finanzas y con la amenaza de intervención de la Secretaría de Hacienda.

El bache financiero es tan grande para algunas instituciones que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Zacatecas opera con un déficit de 20 millones de pesos, a pesar de que en 2005 entregó seis de sus edificios al ISSSTE para cubrir adeudos.

Así, las universidades públicas arrancarán el año nuevo con un recorte presupuestal de cinco mil 300 millones de pesos. Sólo las estatales tienen una deuda actual por 37 mil millones de pesos correspondientes a cuotas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, a impuestos al SAT y a pago de proveedores.

Además, federales y estatales arrastran un pasivo contingente por pensiones por 227 mil millones de pesos, según un reporte de la Auditoría Superior de la Federación del año pasado.

Sobre las instituciones morosas también pesa la amenaza de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intervendrá su gasto corriente para pagar jubilaciones e impuestos.

De acuerdo con sus estados financieros actualizados a septiembre pasado, las universidades con la mayor deuda inmediata son la Autónoma de Coahuila, la de Veracruz y la de Zacatecas.

Para Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el panorama no pinta bien y reveló que el ánimo entre los rectores es de “mucha preocupación”.

Recortes ponen en peligro a las universidades

No recibirán 5 mil 300 mdp por fondos concursables y a algunas morosas ya se les han congelado cuentas bancarias.

Si a las Universidades Públicas Estatales (UPE) ya las había golpeado la crisis financiera, el próximo año recibirán un nocaut. Sufrieron un recorte al presupuesto federal en la educación cercano a cinco mil 300 millones de pesos.

Las UPE recibieron este año en su conjunto 119 mil 666 millones de pesos y el próximo serán 114 mil 399 millones, de acuerdo con lo aprobado para el presupuesto 2017, es decir, casi 5 mil 300 millones de pesos menos.

Entre los rubros más afectados por este recorte en educación superior fue el Apoyo a Reformas Estructurales, que para 2016 recibió 2 mil 713 millones de pesos, destinado a pagar deudas por pensiones y jubilaciones, pero ahora se eliminó; también el Programa Nacional de Becas sufrió una reducción de 30%, pasando de 8 mil 127 millones a 6 mil 238 millones de pesos, entre otros.

También está latente la amenaza a las instituciones morosas, que de continuar con el déficit millonario por falta de pagos a jubilaciones e impuestos, el gasto corriente con el que saldan la nómina será retenido por la Secretaría de Hacienda, pero para finiquitar adeudos.

El pasivo contingente de las UPE por pensiones ascendía a 227 mil millones de pesos en 2013, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su reporte de 2015.

“El ánimo que se vive entre los rectores es de mucha preocupación, porque si en los años en que no teníamos estos recortes presupuestales para algunas universidades había problemas hasta para pagar la quincena o el aguinaldo, mucho más en esta situación”, aseguró Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

El recorte de casi 5 mil 300 millones de pesos a la educación superior sobre todo impactará a la veintena de fondos concursables equivale a cinco veces al presupuesto anual que la UACM tuvo durante 2016.

Por ser un gran golpe en contra de los ingresos para las universidades públicas en 2017, diez rectores se unieron. Entre ellos estuvo Aboites y echaron a andar una estrategia bastante inusual, porque se posicionaron, a través de los periódicos y no de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como siempre solía suceder.

“Ante este panorama adverso estamos tomando nuevas medidas”, dijo Aboites.

Los rectores redactaron un documento dirigido al gobierno federal manifestando “su preocupación ante la drástica reducción para educación” y lo publicaron los medios de comunicación.

También denunciaron que el recorte de 30% a becas tendría un impacto social severo, pues en un país donde 60% de la población es pobre dejaría a miles de estudiantes sin los apoyos mínimos para continuar la escuela. Después de dicha publicación fue poco el éxito que realmente tuvieron, porque no lograron echar atrás el recorte.

En esta lista de diez rectores que firmaron el desplegado, también estuvieron Antonio Guzmán González de Zacatecas y Jorge Ignacio Peña de Nayarit. Ellos están al frente de las universidades autónomas más endeudadas del país.

Aguinaldo, en duda

Por ejemplo, hace unos días, el rector Antonio Guzmán notificó a los más de 5 mil trabajadores de su universidad, que la prima de antigüedad y el aguinaldo de 2016 estaban todavía “en veremos”, afirmó en entrevista, Beatriz Herrera Guzmán, investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Fue precisamente la UAZ, la institución autónoma más endeuda de 2015. Su déficit equivalía a 536% de sus ingresos totales, según un estudio de la agencia calificadora Moody’s.

“En un plazo no mayor a cinco años las universidades de los estados comenzarán a resentir presiones financieras derivadas de pasivos por pensiones de las que no tienen recursos para cubrirlas”, alertaba Moody’s.

En 2013, Herrera Guzmán, doctora de Ciencias Políticas por la UNAM, también advertía en un informe que 90% del presupuesto anual de la UAZ alcanzaba apenas para pagar la nómina, quedándose sin recursos para pagos de pensiones o impuestos sobre la nómina.

“Lo que pasa es que las autoridades universitarias, como empleadores tienen que retener por ley 35% de impuestos correspondientes a las nóminas que están pagando, pero por la escasez de recursos, muchas veces se quedan con ese dinero y no logran transferir los fondos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) incurriendo en una falta”, explicó el rector de la UACM.

Al respecto, Alexandra Zapata, coordinadora de Proyectos Educativos del Instituto Mexicano para la Competitividad, manifestó que es ilegal la retención de impuestos y el SAT debe tener “mano dura “ con las universidades.

Lamentó que las UPE se escuden en la autonomía para no transparentar sus gastos, por lo que pidió que sean más proactivas en cómo erogan sus recursos.

Manifestó que se debe establecer un mecanismo donde se “premie” a las instituciones de educación superior que sean transparentes y entreguen resultados y se “castigue” a las que no.

En 2008, la ASF concluyó que la mitad presentaban problemas de liquidez y de manejo de recursos.

En abril de este año, la ANUIES mencionaba a los senadores en la Semana de la Seguridad, que no sólo era imprescindible el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, sino que de debía aumentarse el presupuesto para 2017; sin embargo, se eliminó.

Gracias a este fondo que se había creado en 2002, y que a partir de esa fecha hasta 2016 se había asignado a las universidades alrededor de 14 mil millones de pesos, no sólo significó dinero extra para saneamiento financiero, sino que se incentivó a las instituciones a modificar su sistema de pensiones, pues la mayoría estaba por encima del promedio.

Jubilaciones generosas

Las auditorías indicaban que los docentes se jubilaban a los 52 años en promedio, que sólo cumplían con 25 años de servicio y tenían pensiones dinámicas. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León pagaba hasta 200 mil pesos en una pensión en 2013; mientras que las de Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Colima por más de 100 mil, según la ASF.

Entonces, este fondo que desapareció, se creó precisamente para que las UPE se comprometieran a reformar sus sistemas de pensiones con el objetivo de disminuir las deudas que enfrentaban. Y de acuerdo con la ANUIES se logró: “28 de las 34 universidades reformaron sus sistemas de pensiones para las nuevas generaciones, la edad de jubilación se fijó entre 60 y 65 años de edad, mínimo de 30 años de servicio y la mayoría eliminó pensiones dinámicas”.

Los diez rectores advirtieron en los medios que la eliminación de este fondo, destinado a amortiguar las deudas millonarias de pensiones, sería un gancho al hígado en contra de las instituciones, “ya que dicho monto tendría que ser cubierto con el gasto operativo”. Lo que significaría que tendrían que destinar dinero de la nómina y servicios a saldar deudas.

Otro round que están por enfrentar las universidades autónomas es la amenaza que recientemente hizo en el Senado el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, para que Hacienda retenga el gasto operativo a aquellas universidades que descuentan las cuotas a sus trabajadores y no las entregan, para que el instituto pueda recuperar este dinero.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para en caso de que continúen en mora, poder cobrar a través de retención de participaciones”, aseguró durante su comparecencia Reyes Baeza.

La Universidad Autónoma de Nayarit, que ahora también enfrenta un juicio por desvío de recursos por casi 600 millones de pesos en 2015, en octubre alertó que el problema financiero por el que atravesaba era mucho más delicado de lo que se había diagnosticado.

La Autónoma de Nayarit es una de las instituciones a las que Hacienda ya congeló sus recursos por adeudos de 313 millones de pesos al SAT y de 93 millones de pesos al Infonavit.

“Al día de hoy, las cuentas bancarias con Bancomer, Banorte Santander y el Banco Interacciones han sido intervenidas total o parcialmente, lo que nos impide de entrada, por decirlo de manera coloquial, tener la garantía que ya habíamos asegurado de al menos cubrir la nómina sin problemas hasta la segunda quincena de noviembre”, comunicó el rector de Nayarit, Jorge Ignacio Peña, en conferencia de prensa.

Con este nocaut financiero que recibieron las universidades autónomas se prevé que en los próximos meses crezca el número de huelgas protagonizas por profesores que han visto o verán afectados sus salarios.

“¿Por qué el gobierno federal quiere ver a los docentes pobres? Es un atropello, cuando los diputados y senadores de este país viven en una laxitud financiera impresionante, que incluso en estados como este, que es Zacatecas, ganan hasta 380 mil pesos. Luego nos obligan a salir a la calle a exigir que se regularicen nuestros salarios y nos desprestigiamos, porque la sociedad no siempre nos cobija”, lamentó la profesora de la UAZ, Beatriz Herrera Guzmán.

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