QUERÉTARO ENTRE LOS ESTADOS DONDE LAS MUJERES REALIZAN MÁS SOLICITUDES DE AUXILIO POR VIOLENCIA

23 Mayo, 2020
1:52 pm

En México, el confinamiento como medida de contención de la pandemia del Covid-19, ha generado el incremento en las agresiones en contra de mujeres.

De acuerdo con la organización de la sociedad civil Equis Justicia para las mujeres, hay tres factores por los que la violencia contra ellas se incrementó: primero, porque para las mujeres que padecen de violencia intrafamiliar el aislamiento implica pasar más tiempo con sus agresores, lo cual incrementa el riesgo; segundo, la crisis económica en algunos casos genera frustración, miedo al desempleo y dificultades para cubrir las necesidades del hogar y, el tercero, la reducción del trabajo de las redes de apoyo con las que normalmente cuentan para hacer frente a la violencia.

De acuerdo con ONU Mujeres, a escala internacional, las medidas de aislamiento y restricción de movimiento dictadas frente a la pandemia están teniendo repercusiones tales como: mayores niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo, lo cual puede aumentar significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito doméstico e incrementar las barreras que viven para salir de círculos de violencia, dejar a sus agresores o activar redes de apoyo.

En marzo pasado, cuando apenas iniciaba la etapa de aislamiento físico, el sistema de atención telefónica de emergencias 911 recibió 26,171 llamadas de auxilio (procedentes, es decir confirmadas como auténticas, no falsas) relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, lo que significa un incremento de 20.45% comparado con febrero de 2020, cuando se recibieron 21,727 y de 60% respecto de marzo de 2019, cuando fueron 16,289, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La misma fuente reporta que, en marzo de 2020 se recibieron 545 llamadas de mujeres que pedían ayuda por haber sido víctimas de abuso sexual.  Esa cifra significa 16.96% casos más que en febrero de 2020, cuando fueron 466 y 28% más que en marzo de 2019, cuando se registraron 425 casos.

Las llamadas relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres, entre enero y marzo pasados se concentran en el Estado de México y Ciudad de México, que son las entidades más pobladas, pero en tercer lugar está Chihuahua, que es la onceava más poblada del país.

Por ello, si se considera el número de llamadas por incidentes de violencia contra mujeres por cada 100,000 habitantes, la entidad que concentra el mayor número de solicitudes de auxilio es Chihuahua, seguido de Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México.

Entre los tipos de agresiones destaca el abuso sexual. En marzo de 2020 ese tipo de llamados de auxilio se incrementó 16.95%, comparado con febrero del mismo año, y 38% con marzo de 2019.

En este caso, los estados que más concentran este tipo de llamadas son Baja California, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo, en ese orden.

En marzo pasado se recibieron 395 llamadas relacionadas con violación, lo que representa 20.06% más que en febrero pasado, cuando se registraron 323 casos y 15.83% más que en marzo de 2019, cuando se registraron 341 casos.

La situación de vulnerabilidad para las mujeres que viven con sus agresores se incrementó durante este periodo de confinamiento debido a que los poderes judiciales estatales solamente tienen actividades para los casos considerados como de urgencia.

De acuerdo con los resultados de la evaluación “(Des) protección judicial en tiempos de Covid-19”, realizada por la organización Equis Justicia para las Mujeres, sólo cinco de los 32 poderes judiciales estatales obtuvieron una calificación arriba de 60 en una escala de 0 a 100, en cuanto a las medidas que pusieron en marcha para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en este periodo de aislamiento físico para enfrentar la pandemia.

En la evaluación se analizaron si en este periodo disponen de guardias para emitir órdenes de protección y medidas cautelares en materia familiar y penal, ya que estas son cruciales para proteger a víctimas de violencia; si contemplan medidas para garantizar el pago de la pensión alimenticia y si suspendieron o no la vigilancia de las reuniones de convivencia entre padres e hijos que actualmente ocurren en los Centros de Convivencia Familiar y si sus políticas laborales contemplan la protección de grupos que están en un mayor riesgo de enfermarse por el Covid-19.

En ese ejercicio también se evaluó su capacidad y disposición para emitir órdenes de protección en materia familiar y penal; dictar medidas precautorias en materia familiar; implementar medidas de protección en materia de pensiones alimenticias; operación de centros de convivencia familiar; así como para realizar políticas laborales acorde a la emergencia y a la necesidad de seguir prestando el servicio a la sociedad.

Al evaluar con esos indicadores, sólo Querétaro, Nuevo León, Colima y Michoacán obtuvieron calificaciones arriba de 60 en una escala de 0 a 100. Todos los demás reprobaron.

EL ECONOMISTA

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